Introducción
En el Artículo 7 de la Declaración de los Derechos de los “Impedidos”, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975: “El impedido tiene el derecho a la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a obtener y conservar un empleo y a formar parte de Organizaciones sindicales”.
Así mismo, en los años 80 con la “Ley de Integración Social de Minusválidos” (LISMI) del año 1982, junto con diferentes Planes de Empleo para personas con discapacidad surgidas a finales de los 90, se ha intentado promover desde más de tres décadas atrás, el empleo digno y de calidad para personas con discapacidad.
Sin embargo, a pesar de todas estas innumerables medidas normativas de los últimos años, no se ha avanzado todo lo que sería deseable para conseguir un nivel de inserción laboral aceptable. Además una gran mayoría de las personas con discapacidad están encuadradas dentro del llamado sector secundario del mercado ordinario del trabajo, donde se ubican personas con empleos precarios o parados, y solo una minoría está encuadrada en el sector primario de trabajo, caracterizado por la estabilidad laboral y las buenas condiciones de trabajo. Es indudable que en la actualidad las tasas de empleo de la población con discapacidad son extraordinariamente bajas y los trabajos que ocupan son de inferior calidad que los de la población sin discapacidad.
Esta situación es debido a innumerables problemas que aparecen en el proceso de inserción laboral: deficiente accesibilidad en los transportes, en el trabajo, etc., nivel educativo de baja cualificación, información inadecuada o inexistente en las personas con discapacidad y sus familias, falta de motivación, actitud negativa de algunos empresarios, etc...
En Andalucía las personas con discapacidad suponen el 9,58% de la población, donde en uno de cada cinco hogares vive al menos una persona con discapacidad. Las personas demandantes de empleo con discapacidad (18.955 en el año 2009) suponen el 1,89% sobre las personas demandantes, siendo Sevilla la provincia con más demandante, con un 21,49% de la población demandante.
En Alcalá de Guadaira existen actualmente 4.704 personas con discapacidad aunque sólo 2.995 tienen un grado igual o superior al 33% de discapacidad, siendo la población más significativa las que tiene un grado de discapacidad entre el 33% y 74%, que suman un total de 2.716. En la actualidad existen 337 personas con discapacidad demandantes de empleo oficialmente (incluyendo las personas con incapacidad permanente total), por lo que podemos concluir que hay una población discapacitada con “capacidad” para acceder al empleo que no está demandando su situación por los cauces oficiales.
En la Comunidad Andaluza está actualmente en vigor el Plan de Empleabilidad para personas con discapacidad, 2009-2013 cuya meta es regular actuaciones dirigidas a corregir la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y posibilitar su integración laboral; teniendo en cuenta la formación para el empleo, orientación laboral, prevención de riesgos laborales, educación, empresa y bienestar social. Este Plan prevé una inversión de más de 400 millones de euros, donde se desarrollen 127 medidas especiales de inserción laboral e intentar beneficiar al 67% de las personas que sufren alguna discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo.
Este documento tiene como objetivo principal el favorecer los procesos de inserción laboral de las personas con discapacidad de Alcalá de Guadaira, siendo un punto de encuentro entre las personas con discapacidad, las familias y las Empresas.
